jueves, 1 de febrero de 2018

Multisectorial por un Hábitat Digno de la Provincia de Buenos Aires /


 A dos años de gobierno, la política de hábitat de la Provincia de Buenos Aires sigue sin rumbo y sin gestión.

La Plata  |  30 enero 2018



Las organizaciones abajo firmantes hemos decidido conformar la Multisectorial por un Hábitat Digno profundamente preocupadas por el nivel de deterioro que tiene actualmente la política de tierras, vivienda y urbanismo en la Provincia de Buenos Aires. En los últimos dos años hemos sufrido tres cambios de autoridades y, consecuentemente, de rumbo de la estrategia y de las acciones. En ninguno de ellos el gobierno ha podido dar una explicación razonable, rigurosa y clara ni de los motivos ni de las consecuencias de estos vaivenes. La caracterización de la gestión en estos meses muestra un abanico de coyunturas que van desde la consolidación del negocio sectorial de los grupos inmobiliarios concentrados en el área de urbanismo a la incapacidad demostrada en la gestión del suelo y en la construcción de vivienda social. Cada decisión y cada cambio, lejos de mejorar la situación, han significado retrocesos permanentes en las urgentes respuestas que reclama el drama de la precariedad y la informalidad urbana y habitacional bonaerense. Frente a esto, queremos resaltar el compromiso de los trabajadores de la recientemente disuelta Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda y, especialmente, de la Dirección de Acceso Justo al Hábitat que a pesar de todo han mantenido su inquebrantable voluntad de trabajo.

A fin de diciembre de 2017 se llevó a cabo una nueva modificación que en el marco de la más absoluta improvisación, y bajo el discurso de la búsqueda de eficiencia, fracturó en tres partes la política de hábitat a través de la sanción de una nueva ley de ministerios. En dicha oportunidad, esta grave decisión fue claramente señalada y criticada por el Consejo de Vivienda y Hábitat que es el órgano pluri actoral de consulta creado por la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat a efectos de asesorar sobre las políticas y programas en el marco de dicha norma. La mayoría de las organizaciones integrantes del Consejo tienen más de 25 años de experiencia en trabajo territorial, en la implementación de programas de hábitat y en la defensa de los derechos colectivos. Sin embargo nunca fueron consultadas para diseñar los cambios. Las políticas deficientes siempre se diseñan en las sombras de la burocracia y con argumentos de marketing, pero los desastres de su implementación los pagan las familias más pobres y no tienen nunca caras ni nombres responsables.

Cuando hablamos de improvisación en estos últimos cambios, queremos dar cuenta de la grave situación actual en la cual se desconocen los roles, las funciones y la estructura que tendrá cada dependencia. Hace más de un mes que en la ex Subsecretaría responsable no hay firma autorizada lo cual tiene como consecuencia la parálisis en la ejecución de aquellas políticas que tienden a la igualdad, mientras que se aceleran aquellas que benefician a sectores concentrados  inmobiliarios como empresariales. Esta parálisis se extiende también a los programas nacionales y provinciales cuya ejecución depende del Instituto de la Vivienda provincial a través de organizaciones cooperativas y sociales, con un círculo vicioso de desocupación y viviendas sin terminar.

Es muy importante que la población sepa claramente que en la actualidad reina el más absoluto desconcierto en todas las dependencias oficiales relacionadas con las políticas de hábitat.

Cuando hablamos de fractura, advertimos el desmembramiento de la política urbano habitacional en tres carteras, originado en la nueva estructura ministerial, y que supone fragmentar la intervención pública sobre un problema que sólo puede ser abordado eficientemente desde una perspectiva integral. La problemática del hábitat, como parte de la reproducción de la desigualdad socioterritorial, debe ser entendida como resultado de la combinación entre dos factores estructurales: el funcionamiento excluyente de los mercados de suelo y un conjunto de políticas públicas completamente inadecuadas. Por lo tanto, la informalidad dominial, la precariedad de las viviendas, el déficit de los servicios urbanos, los loteos informales, los altos precios del suelo, son fenómenos articulados entre sí. Una política territorial y habitacional efectiva debe diseñar acciones que, en sus intervenciones, den cuenta de esta complejidad.

La última modificación ministerial debilita la aplicación plena y vigorosa de la Ley de Acceso Justo al Hábitat, una herramienta indispensable para abordar la situación habitacional de la provincia, que ha sido reconocida internacionalmente como una política pública innovadora. Esta ley receptó una serie de demandas históricas propuestas por distintas organizaciones que venían trabajando la problemática del acceso a la tierra y a la vivienda. Y ante la mora en su aplicación fueron las mismas organizaciones las que a través de sus representantes convocaron a un Cabildo Abierto masivo cuya consecuencia fue la constitución del Consejo Provincial de Acceso Justo al Hábitat.

En síntesis, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ha desatendido la opinión del Consejo de Hábitat y Vivienda, ha improvisado sucesivamente en relación a la implementación de las políticas urbano habitacionales, ha fracturado la autoridad de aplicación de la Ley de Acceso Justo al Hábitat y, como resultado de esto, se encuentra en clara violación a sus obligaciones como garante de las políticas para la satisfacción progresiva del derecho a la vivienda de los bonaerenses.

Por todo ello, las organizaciones que conformamos la Multisectorial por un Hábitat Digno exigimos:

1.     El gobierno provincial debe entender que el derecho a un hábitat digno es un derecho humano. Por lo tanto debe diseñar y poner en marcha un modelo de política participativo que tenga una comprensión y un abordaje integral de la cuestión y de las herramientas de gestión territorial, desde una perspectiva centrada en los derechos de la población.
2.     En ese modelo, es imprescindible fortalecer la capacidad estatal (provincial y municipal) y de las organizaciones sociales para intervenir activamente en la remoción de los factores que históricamente han generado exclusión social y deterioro ambiental.
3.     Resulta indispensable que se confirme oficialmente la autoridad de aplicación en relación a la Ley de Acceso Justo al Hábitat y la continuidad inmediata de los proyectos de las organizaciones y municipios, planes y programas derivados de la ley 14.449 dependientes de la ex Subsecretaría Social de Tierras como también los que dependan del Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires, sean financiados con fondos nacionales y/o provinciales.
4.     Como establece la LAJH, es urgente poner en marcha una política de integración social y urbana de las villas y asentamientos bonaerenses donde se concentran las peores vulneraciones de derechos. Pero esta problemática no se resuelve si al mismo tiempo la política urbana está regida por los negocios inmobiliarios que aumentan especulativamente los precios del suelo y además no se lleva a cabo una estrategia a gran escala de producción social de suelo urbanizado que evite la informalidad como única salida de los pobres para habitar.
5.     Es necesario abrir un amplio debate público sobre estas cuestiones y sobre las características que debe tener la política bonaerense. Para ello se creó el Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat que ha resultado ser un canal de interlocución pluriactoral democrático. Aunque el gobierno provincial reniegue de dialogar, las diferentes entidades y organizaciones reiteran su disposición a contribuir con su práctica y su conocimiento a un debate sobre la construcción de una política innovadora.
6.     Reivindicamos la tarea de los trabajadores estatales (administrativos, técnicos y profesionales) de los organismos mencionados, reclamando su continuidad y estabilidad laboral

De esta manera nos comprometemos a trabajar juntos por lograr el territorio que nos merecemos; un territorio que sea socialmente inclusivo, espacialmente integrado, económicamente equitativo, ambientalmente sostenible y democráticamente gestionado.




Multisectorial por un Hábitat Digno