lunes, 2 de octubre de 2017

DIA INTERNACIONAL DEL HÁBITAT

El Día Mundial del Hábitat, que se celebra el primer lunes de octubre, nos  ofrece una oportunidad para reflexionar sobre el estado actual de las ciudades y los problemas de acceso al suelo,  a la vivienda y a un hábitat digno,  y nos invita a diseñar y  realizar actividades para hacer de las ciudades comunidades más seguras y más habitables para todos y todas.

Este año, en nuestro país se desarrollan distintas actividades en este sentido, y Madre Tierra participará en especial de dos de ellas:

a) En el ámbito Nacional el martes 3 de octubre a partir de las 14,30 hs, en el Salón Auditorio del Anexo de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional (Avda. Rivadavia
1864, Ciudad Autónoma de Buenos Aires) se realizarán la jornada organizada por Habitar Argentina:  “El hábitat de cara a las próximas elecciones DEBATE CON CANDIDATOS/AS. Habitat III y el CNHD”. Están invitados a exponer su visión, perspectiva y propuestas frente a la legislación nacional en materia de hábitat, candidatos de las diferentes fuerzas políticas. Han confirmado su presencia los candidatos a legisladores: Daniel Arroyo (1Pais),
Carla Carrizo (Evolución), Florencia Casamiquela (Cumplir), Hector "Totty" Flores (Cambiemos), Marcelo Ramal (FIT) y María Reigada (Unidad Ciudadana).
El debate será precedido por un panel sobre “ Perspectivas y desafíos de la nueva agenda urbana” luego de la Conferencia  Hábitat III de la ONU


b) En el ámbito Provincial el día jueves 12 de octubre  el CELS, MADRE TIERRA y el Consejo Provincial de Hábitat, en la Universidad de La Plata, Sala del Consejo Superior del Rectorado,
(calle 7 Nro. 776 entre 47 y 78), convocan a una jornada de reflexión e intercambio  sobre la Ley de Acceso justo al Hábitat (LAJH) como instrumento de gestión urbana. Se realizará asimismo la presentación de las publicaciones sobre la LAJH, una realizada por el CELS (versión técnica-jurídica) y otra por Madre Tierra (versión comunicación popular).


Los y las  invitamos especialmente, a quienes compartimos la inquietud por un Hábitat, para pensar, charlar y aprender entre todos.


EL EQUIPO DE MADRE TIERRA
www.madretierra.org.ar  

miércoles, 10 de mayo de 2017

2x1, Derechos Humanos en Liquidación.

Tal como aparece en las ofertas, en estos días descubrimos que la justicia también liquida. La Corte Suprema de Justicia, en un fallo con tres votos afirmativos y dos en contra, habilita que a represores condenados por delitos de lesa humanidad se les aplique una legislación (por demás cuestionada) que permite la reducción de la condena, y en muchos casos accedan a la libertad.
La lucha por los Derechos Humanos encabezada por Madres, Abuelas y familiares de desaparecidxs y con un alto consenso y acompañamiento de la sociedad se ha basado todos estos años en Memoria, Verdad y Justicia. Se ha insistido sistemáticamente en la reparación que sólo la Justicia puede dar. Desde el 2003, fue, además, una política de Estado para afirmar que en la Argentina decimos Nunca Más al Terrorismo de Estado. A pesar de todos los esfuerzos aún quedan muchas causas abiertas, los responsables civiles sin procesar, nietos y nietas por encontrar. Y en este contexto, la Corte Suprema dice “hasta acá llegamos”.
La primera reflexión tiene que ver con la concepción de Derechos Humanos que sostenemos y que vemos cómo se tergiversa con el único fin de confundir y sacar ventaja, como este caso. Cuando hablamos que “todos” tenemos acceso a la protección de los DDHH es una verdad relativa. No aplica siempre. No son cualquier derecho. Los Derechos Humanos existen para proteger a los y las ciudadanas de los abusos que el Estado pueda cometer contra ellos. La sociedad le otorga al Estado el poder de administrar políticas, el monopolio del uso de la fuerza, el de arbitrar justicia, etc. cualquier abuso de ese poder sobre personas comunes se entiende que el Estado viola los DDHH, porque ellas no tienen manera de contrarrestar ese poder.
Es decir, los Derechos Humanos cuidan a las personas de posibles victimarios, de abusos, violaciones ejercidas por el propio Estado, no son delitos entre particulares. Entonces, cuando escuchamos que los represores también tienen derechos humanos es una falacia. Los miembros de las Fuerzas Armadas cumplen condenas y están procesados porque entre 1976 y 1983 fueron parte de un Estado que abusó del poder que ejercía cometiendo delitos de Lesa Humanidad. Podrían haber devuelto los bebes nacidos en cautiverio a sus familias, juzgar a los miembros de las organizaciones armadas, entre otras muchas cosas, pero no, hubo Terrorismo de Estado, y así la sociedad perdió toda garantía. Por eso, es claro que no es justicia el 2x1, estaban del otro lado del mostrador, tenían el poder de hacer lo que hicieron, los DDHH no son para ellos sino para sus víctimas.
La segunda reflexión, asoma como preocupación, ¿nos merecemos esto? ¿Cómo es posible que volvamos al país del miedo? Hace un tiempo Videla moría en la cárcel común y no encontraban cementerio que recibiera su cuerpo. La sanción social de estos actos daba la tranquilidad de que no sería fácil que se repitiera la historia. Lo ejemplificador de las condenas, la visibilidad pública de los procesos, nos fortalecía en la sensación de un avance lento pero seguro de la justicia. El 2x1 pone a los represores en la calle más pronto, degrada las sanciones, los enfrenta a testigos, liquida las esperanzas.
La tercera reflexión surge como necesidad, tenemos que entender qué está pasando. Esto no se da en forma aislada y por qué sí. El gobierno actual viene haciendo denodados esfuerzos por revertir el sentido común en este tema. Negar los 30.000. No realizar actos oficiales el 24 de Marzo. Integrar a la Corte Suprema a dos de los miembros que votaron a favor y arreglar una disputa con la tercera jueza dan cuenta que el 2x1 era esperado. No se quiere que se siga avanzando para no llegar a los responsables civiles del genocidio, quienes efectivamente se enriquecieron haciendo negocios con la dictadura mientras los centros clandestinos de detención se llenaban de compañeros y compañeras que militaban por la justicia social.
Porque vienen por nuestros derechos tenemos que seguir trabajando incansablemente como nos enseñaron las Madres y las Abuelas, para sostener una Argentina donde la justicia se haga cargo de proteger a las personas de a pie y no a los poderosos de siempre.
Por eso este 10 de Mayo volvemos a marchar y hacerle saber a la Corte Suprema de Justicia que su fallo ha sido aberrante y la lucha por los derechos humanos está más viva que nunca.


viernes, 3 de febrero de 2017

Nuevos muros

Endurecimiento, revisión, restricción, detención y expulsión  son algunas de las palabras con las que puede resumirse el decreto que esta semana el gobierno nacional publicó para modificar la política migratoria.  Un retroceso en las políticas migratorias que significa, además una estigmatización del migrante latinoamericano, asimilándolo a un delincuente por su sola condición de migrante: Si es peruano, boliviano o paraguayo ya se lo pensaría como sospechoso de cometer un delito.
¿Qué datos se usaron? El propio decreto 70/2017 -publicado el 30 de enero pasado- en sus fundamentos intenta explicar que la “urgencia” del mismo (sin pasar por el Congreso Nacional como debería pasar cualquier Ley) radica en “recientes hechos de criminalidad organizada de público y notorio conocimiento”. Luego explica que en 2016 los extranjeros detenidos en el Servicio Penitenciario Federal fueron un 21,35% del total. Sin sumar los datos generales de todos los detenidos del país.  
Datos del propio Ministerio de Justicia de 2015 detallan que en todo el Sistema Penitenciario Federal (SPF) hay 10.274 personas presas, y en la Argentina en su totalidad, las personas detenidas en cárceles son 71.464 personas. De este total, casi 4500 son extranjeros, es decir, sólo el 6 % de todos los presos del país.
A pesar de estos datos, el decreto continúa con esta asociación del delito a la inmigración y sostiene que “en relación a los delitos vinculados a la narco criminalidad, se observa que el 33% de las personas bajo custodia del SPF son extranjeros”. Esto significaría que la población extranjera detenida “por infracción a la Ley N° 23.737 –Ley de Estupefacientes- está altamente representada entre los detenidos”. Los datos esgrimidos para modificar la legislación vigente se basa en que existen 1420 personas extranjeras (el 0.08 % del total de extranjeros)  que están presas por delitos vinculados al narcotráfico; sin embargo el porcentaje de argentinos presos por este delito es mayor (0,17 % de los argentinos está preso por este delito). Por cada extranjero que cometió un delito relacionado con el narcotráfico hay casi 5 argentinos. “La concentración de extranjeros que cometen delitos de narcotráfico es la preocupación que tiene nuestro país”, dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Entre las muchas modificaciones que plantea el decreto hay que observar algunas en especial para entender el alcance del retroceso: por ejemplo, se podrá cancelar la residencia de los extranjeros condenados “aunque dicha condena no se encuentre firme” y se considera antecedente a “todo auto de procesamiento firme, cierre de la investigación preparatoria o acto procesal equiparable”.
Cabe recordar que en diciembre pasado el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mostró inquietud por la discriminación de los migrantes, y pidió detalles sobre la posible implementación de un centro de detención de migrantes.  


Migrar es un derecho.

lunes, 16 de enero de 2017

Un día como hoy, el 16 de enero del 2016, el gobierno de Jujuy  la privaba de su libertad. Fue condenada sin juicio previo por el gobernador de Jujuy, en complicidad con los medios locales y nacionales. Se la detuvo cuando ejercía un derecho constitucional, como es protestar pacíficamente en busca de una instancia de diálogo con el nuevo gobierno. Se le adjudicaron más de 60 causas para mantenerla en prisión. Organismos Internacionales determinaron que la detención es arbitraria, y exigieron su inmediata liberación. Ni el gobierno provincial, ni el  nacional han hecho caso a estas exigencias, lo que nos coloca en la lista de  países que violan los derechos humanos.
Pero ¿quién es Milagro?


Es una dirigente política, social e indígena argentina, líder de la organización barrial Túpac Amaru. Desde el 10 de Diciembre de 2013 se desempeñó como diputada provincial en la Legislatura por el Frente Unidos y Organizados de Jujuy. Renunció en noviembre de 2015, tras haber sido elegida para ocupar una banca en el  Parlasur, por el Frente para La Victoria.

Milagro Sala es reconocida internacionalmente por el trabajo que su organización, la Túpac Amaru, ha realizado en Jujuy:


  • Dos escuelas, dos centros de salud atendidos por 42 médicos, farmacéuticos, bioquímicos y enfermeros. Una farmacia y un laboratorio.
  • El CEMIR (Centro Integral de Rehabilitación  para personas discapacitadas) con atención gratuita y abierta a la comunidad. Una plaza con juegos adaptados. Dos ambulancias de alta complejidad equipadas para el traslado y la atención de pacientes.
  • Seis fábricas (con fondos del Ministerio de Desarrollo Social) que emplean a 600  ex desocupados. Todas ellas venden su producción al público. La Túpac Amaru trabajando como cooperativa de vivienda, construyó, con dinero del Gobierno Nacional para cooperativas de vivienda, un barrio de 1800 casas llamado “El Cantri” en Alto Comedero, a 15 kilómetros del centro  de Jujuy. Todos los barrios tienen pileta de natación, cibercafé, telecabinas, minimercado y polideportivo con canchas de futbol, básquet, hockey y rugby. Producen ellos mismos los bloques de cemento, y las carpinterías metálicas son hechas en el taller metalúrgico, abaratando el costo de las viviendas. Las cooperativas de la Tupac Amaru construyen 200 casas populares en seis meses, mientras que a las constructoras privadas les llevaría dos años o más.
  • A partir de 2003 recibieron planes para la construcción de viviendas de 54 m2, con dos habitaciones, cocina comedor, baño y lavadero. La construcción de las viviendas requirió un 25 % menos de inversión y dio empleo a más personas que si se hubieran realizado por empresas. Desde entonces llevan levantadas 3800 viviendas.
  • La organización tiene una radio experimental, Túpac, autorizada por el COMFER
  • Administran planes de desempleo del Ministerio de Obras Públicas, entre 35.000 y 80.000 al mes. Como cooperativa social realizan por ley provincial de Jujuy el mantenimiento de los edificios públicos y escuelas
Madre Tierra tiene una experiencia de 31 años en tierra, vivienda y hábitat. Sabemos el esfuerzo,  el compromiso y los problemas  que implican llevar a cabo cada uno de este tipo de  proyectos.  Desde ese conocimiento valoramos y admiramos la inmensa obra hecha por la Tupac Amaru , liderada por Milagro Sala y por los demás cooperativistas.

Hasta aquí no hemos dicho nada que cualquier habitante de nuestro País desconozca. O al menos nada que no pueda encontrar en cualquier información oficial o comprobar si viaja a Jujuy.

Milagro está detenida por decisión política.
Milagro es una presa política.
Exigimos su libertad.
Macri y Morales son responsables