miércoles, 30 de marzo de 2016


El rol de las Organizaciones Sociales en el desarrollo de políticas de hábitat


 Desde Madre Tierra apoyamos toda medida que apunte a fortalecer los gobiernos locales. En este sentido creemos que los municipios tienen un rol central en las políticas de vivienda y gestión de territorio. Paralelamente creemos que la comunidad también tiene un rol clave en el desarrollo de dichas políticas y su participación protagónica, organizada y con metodologías adecuadas asegura acciones acertadas, experiencias exitosas de gran calidad y bajo costo y sobre todo garantiza el acceso a derechos.

Madre Tierra en sus 30 años ha desarrollado diversos proyectos de hábitat, con recursos de programas gubernamentales nacionales, provinciales y municipales, así como también con recursos de organizaciones y gobiernos europeos. Los proyectos se han ejecutado en tiempo y forma, realizándose además las rendiciones de cuenta y auditorías correspondientes. Como Madre Tierra, hay muchas otras instituciones intermedias que llevan adelante una tarea complementaria a la de los gobiernos locales de manera honesta, eficiente y con resultados cualitativos para la población más urgida.

Desde el ámbito gubernamental, las políticas habitacionales generalmente son ejecutadas a través de empresas constructoras, quienes son seleccionadas en la mayoría de los casos a través de licitaciones. Estos procesos no son un reaseguro para que las empresas realicen el trabajo de manera honesta, eficiente y a bajo costo. La experiencia dice que muchas obras realizadas por empresas constructoras no tienen la buena calidad que sí tienen las realizadas por organizaciones sociales. Muchos proyectos de construcción de viviendas desarrollados a través de empresas constructoras no han sido finalizados y están sospechadas de malversación de fondos y sobreprecios. Pero por sobre todas las cosas, estos procesos no involucran a la comunidad en la toma de decisiones, siendo insatisfactorios los resultados de los programas con respecto a las necesidades sentidas. Por este motivo, consideramos que “eliminar la intermediación de las organizaciones sociales en la construcción de viviendas” no garantiza evitar hechos de corrupción, sí por el contrario las auditorias y controles pertinentes del Estado en la gestión de fondos, ya sea de organizaciones sociales como de empresas privadas. Además, a través de la implementación de esta medida, el gobierno nacional encontraría un obstáculo legal, en el caso de la Provincia de Buenos Aires, ya que la ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat plantea entre sus principios la Gestión Democrática de la Ciudad a través de la participación protagónica de las organizaciones civiles en el desarrollo de políticas de hábitat y vivienda.

Esta drástica medida parecería motivada por las sospechas de corrupción que afronta la organización Túpac Amaru, y que aún no han sido comprobadas ante la justicia (sin embargo su dirigente más reconocida, Milagro Sala, continúa encarcelada). Según relata la nota la Fundación María de los Ángeles también estaría bajo sospecha de corrupción por el gobierno nacional, cargos  que también aun deben ser probados. Esperamos no estar frente al inicio de una “caza de brujas” sobre las organizaciones sociales, ni ante una excusa para dejar de apoyar procesos que ponen en práctica los principios promulgados por el Papa Francisco bajo el término de “Tierra, Techo y Trabajo”, que son llevados adelante por organizaciones y movimientos sociales.

Asociación Civil Madre Tierra
30/3/2016

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