miércoles, 13 de enero de 2016

A un mes del nuevo gobierno del Pte Mauricio Mácrí compartimos nuestro análisis y toma de posición.
Madre Tierra - Enero de 2016

Nuestro país ha comenzado a atravesar cambios muy profundos. Desde Madre Tierra los contemplamos con preocupación, motivo por el cual compartimos con Uds. este breve análisis.

A nivel de contexto regional observamos en varios países de Latinoamérica la presencia de  modelos políticos  de corte conservador-liberal. Así, salvo los gobiernos de Bolivia y en menor medida Ecuador, que siguen de alguna forma sosteniendo de avances en políticas de Derechos Humanos (y su implementación con medidas concretas) para lograr igualdad de oportunidades en el conjunto de la sociedad, en el resto de la región se registra un marcado retroceso.

En Argentina se realiza por primera vez, en noviembre de 2015, una elección presidencial a través del sistema de ballotage, entre las dos primeras minorías que no habían alcanzado los guarismos necesarios para imponerse en primera vuelta. La elección fue muy reñida: 51,2% para el ganador y 48,8 para el otro candidato, (hasta el momento oficialismo).

La alianza “Cambiemos” se impuso a nivel nacional, así como también en diferentes provincias, (entre ellas la Pcia de Bs As), y en un importante número de municipios. La misma contó con el apoyo expreso de sectores empresariales y del poder de los medios de comunicación concentrados. Mauricio Macri fue elegido como presidente de la Nación, y María Eugenia Vidal como gobernadora de la Provincia de Buenos Aires. Ambos gobernantes han conformado gabinetes ministeriales en los que designaron en puestos estratégicos a referentes de corporaciones empresariales.

Analizando las medidas de gobierno tomadas durante el primer mes de gestión observamos con preocupación que varias de ellas van en detrimento de las familias más humildes, ya que podrían dificultar su acceso a derechos y beneficios asegurados en los últimos años a través de diferentes políticas y programas.
A nivel institucional, en poco más de un mes, el nuevo presidente  dictó una serie de decretos  que permiten vislumbrar las nuevas políticas, violando algunos de ellos  leyes e instituciones de nuestro país, ya que las medidas tomadas hubieran exigido la intervención del Congreso nacional.
 Entre ellos se encuentra el nombramiento de 2 Jueces de la Corte Suprema de Justicia (en nuestro país, los miembros del máximo Tribunal de la Nación son elegidos por el Presidente y el Senado); por presión de la comunidad ha debido suspenderse el juramento de ambos jueces momentáneamente, e iniciar el recorrido estipulado por la ley para la presentación de las postulaciones.
Otro decreto modificó las leyes de medios y telecomunicaciones, haciendo desaparecer la AFSCA[1] y la AFTIC[2]: ya no habrá topes a la cantidad de ciudades en las que pueden operar las empresas de cable, y se eliminan las restricciones a la propiedad cruzada de televisión por cable, radio y TV abierta. Esto pone en riesgo la subsistencia de medios de comunicación locales, comunitarios y cooperativos, atentando además contra la libertad de expresión, e impidiendo que la ciudadanía pueda escuchar multiplicidad de voces y opiniones.

Como efecto de las primeras medidas económicas se ve una concentración del ingreso en determinados sectores, una disminución del poder adquisitivo de un vasto sector de la sociedad y una caída del consumo. Se ha realizado un rotundo giro hacia políticas económicas ortodoxas de corte liberal, luego de más de una década de heterodoxia.
Se produce una devaluación de la moneda nacional del 40%, pasando el dólar de valer $ 9,50, a $ 14,00 promedio. Simultáneamente, se quitan las retenciones al trigo, maíz y todos los productos del agro, y se reducen un 10% las retenciones a la soja, produciéndose una enorme transferencia de recursos del sector público a los sectores agropecuarios concentrados de la economía.
En los primeros días de gobierno el Estado nacional ha aumentado el endeudamiento externo, lo que implicará un aumento sustancial en la carga de intereses en el Presupuesto Nacional, que será seguramente subsanada con el llamado “achicamiento” del Estado, el recorte de las políticas sociales y el ajuste sobre los sectores trabajadores.
Al mismo tiempo se registra un fuerte aumento de precio en los productos de la canasta básica, y el programa de “precios cuidados” (una lista de 500 productos de consumo indispensable) se ve reducido a 300 productos, los que a su vez sufren aumentos, y se retiran de la lista carne y vegetales.
Se ha anunciado el retiro del sistema de subsidios a las tarifas de servicios de gas y luz, y al mismo tiempo el aumento de las mismas.
El Ministro de Hacienda ha anunciado que, de no cerrar las paritarias con aumentos que orillen el 25% se producirán despidos (en tanto que la devaluación fue cercana al 40%), poniendo en riesgo la existencia de paritarias libres, institución que en estos años el poder defendió el salario de los trabajadores y mantuvo el poder adquisitivo de la población.
Se levantan las trabas a las importaciones, poniendo en riesgo la recientemente fortalecida industria nacional.

En el caso de que se pusiera fin  a  programas tenidos por la población como derechos adquiridos por más de 10 años, esto implicaría, además del perjuicio de dar marcha atrás con los beneficios que conllevan la aplicación de dichos programas, el despido de decenas de miles de empleados del Estado en diferentes estamentos  (nacional, provincial,  municipal y entes descentralizados).

Se está produciendo una unificación del discurso de los medios de comunicación en una nueva forma de “pensamiento único”, técnico y despolitizado. Se está planteando una aparente concordancia sin conflictos sociales, que implica que quien disiente es un “agitador” y no una persona que reclama por sus derechos. Han dejado de emitirse la mayor parte de los programas de radio y televisión que proponían un punto de vista distinto al neoliberalismo.

En pocos días asistimos azorados a la represión de movilizaciones y protestas que estallan espontáneamente para defender los puestos de trabajo.
En la Ciudad de Buenos Aires será necesario exponer el Documento Nacional de Identidad cuando así lo solicite la Policía sin motivo previo alguno, pudiendo ser demorada aquella persona que no lo haga, medida que nos remite a los años de la dictadura militar ejerciendo violencia institucional .  En este mismo sentido se ha decretado la emergencia en seguridad a nivel nacional y el armado de un protocolo que regule la protesta social, alertándonos sobre posibles medidas represivas ante el conflicto social que irá en aumento en los próximos meses.
Gran parte de la población se manifiesta en contra de las medidas implementadas, y día por medio hay movilizaciones que las repudian; con un alto nivel de conciencia se convoca, (en muchos casos vía redes sociales), a marchas y actos de repudio. En ellas se exige la continuidad de las políticas de derechos humanos, sociales, laborales y culturales, la convocatoria a sesiones extraordinarias del congreso, la libertad de expresión y de circulación de información.

La nueva tasa cambiaria será favorable para el desarrollo de proyectos inmobiliarios de “alta gama” como los “countries” y los “barrios cerrados”, generando una mayor rentabilidad; al mismo tiempo  significará un aumento de los precios del suelo, dificultando así el acceso a un lugar donde vivir a un gran sector de la población.

En este contexto, Madre Tierra considera que el presente gobierno nacional está claramente identificado con las ideas neoliberales o neo conservadoras, cuyas consecuencias negativas para el pueblo trabajador y en particular para los más pobres ya han sido demostradas y comprobadas en la década del 90 en nuestro país.
Vemos con preocupación el giro que han tomado las políticas públicas en todos los órdenes, iniciándose un proceso de reformas estructurales  que implicarán una concentración de la riqueza en determinados sectores minoritarios, un aumento de la población en situación de pobreza y una perdida en el acceso a derechos. Las políticas que se intenta implementar solo podrán ser sostenidas a través de la desinformación y la represión social.
Hubiera sido deseable que la nueva gestión de gobierno reconociera los avances en materia de derechos de la última década y que, partiendo de ese piso, se abocara a profundizar  y a mejorar los aspectos que quedaron pendientes. Las señales dadas hasta el momento van en la dirección contraria.
Renovamos nuestro compromiso con la construcción de una Patria democrática y socialmente justa, que defienda su soberanía política y construya junto al pueblo trabajador la independencia económica. Cotidianamente seguiremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para acompañar a las organizaciones populares en su lucha por el derecho a la tierra y a la vivienda.





[1] Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA). Organismo descentralizado y autárquico creado a partir del artículo 10 de la Ley Nº 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.
[2] Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC). Organismo plural y democrático creado por la Ley 27.078 “Argentina Digital”. Asegura  el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en todo el país.

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