viernes, 3 de febrero de 2017

Nuevos muros

Endurecimiento, revisión, restricción, detención y expulsión  son algunas de las palabras con las que puede resumirse el decreto que esta semana el gobierno nacional publicó para modificar la política migratoria.  Un retroceso en las políticas migratorias que significa, además una estigmatización del migrante latinoamericano, asimilándolo a un delincuente por su sola condición de migrante: Si es peruano, boliviano o paraguayo ya se lo pensaría como sospechoso de cometer un delito.
¿Qué datos se usaron? El propio decreto 70/2017 -publicado el 30 de enero pasado- en sus fundamentos intenta explicar que la “urgencia” del mismo (sin pasar por el Congreso Nacional como debería pasar cualquier Ley) radica en “recientes hechos de criminalidad organizada de público y notorio conocimiento”. Luego explica que en 2016 los extranjeros detenidos en el Servicio Penitenciario Federal fueron un 21,35% del total. Sin sumar los datos generales de todos los detenidos del país.  
Datos del propio Ministerio de Justicia de 2015 detallan que en todo el Sistema Penitenciario Federal (SPF) hay 10.274 personas presas, y en la Argentina en su totalidad, las personas detenidas en cárceles son 71.464 personas. De este total, casi 4500 son extranjeros, es decir, sólo el 6 % de todos los presos del país.
A pesar de estos datos, el decreto continúa con esta asociación del delito a la inmigración y sostiene que “en relación a los delitos vinculados a la narco criminalidad, se observa que el 33% de las personas bajo custodia del SPF son extranjeros”. Esto significaría que la población extranjera detenida “por infracción a la Ley N° 23.737 –Ley de Estupefacientes- está altamente representada entre los detenidos”. Los datos esgrimidos para modificar la legislación vigente se basa en que existen 1420 personas extranjeras (el 0.08 % del total de extranjeros)  que están presas por delitos vinculados al narcotráfico; sin embargo el porcentaje de argentinos presos por este delito es mayor (0,17 % de los argentinos está preso por este delito). Por cada extranjero que cometió un delito relacionado con el narcotráfico hay casi 5 argentinos. “La concentración de extranjeros que cometen delitos de narcotráfico es la preocupación que tiene nuestro país”, dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Entre las muchas modificaciones que plantea el decreto hay que observar algunas en especial para entender el alcance del retroceso: por ejemplo, se podrá cancelar la residencia de los extranjeros condenados “aunque dicha condena no se encuentre firme” y se considera antecedente a “todo auto de procesamiento firme, cierre de la investigación preparatoria o acto procesal equiparable”.
Cabe recordar que en diciembre pasado el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mostró inquietud por la discriminación de los migrantes, y pidió detalles sobre la posible implementación de un centro de detención de migrantes.  


Migrar es un derecho.

lunes, 16 de enero de 2017

Un día como hoy, el 16 de enero del 2016, el gobierno de Jujuy  la privaba de su libertad. Fue condenada sin juicio previo por el gobernador de Jujuy, en complicidad con los medios locales y nacionales. Se la detuvo cuando ejercía un derecho constitucional, como es protestar pacíficamente en busca de una instancia de diálogo con el nuevo gobierno. Se le adjudicaron más de 60 causas para mantenerla en prisión. Organismos Internacionales determinaron que la detención es arbitraria, y exigieron su inmediata liberación. Ni el gobierno provincial, ni el  nacional han hecho caso a estas exigencias, lo que nos coloca en la lista de  países que violan los derechos humanos.
Pero ¿quién es Milagro?


Es una dirigente política, social e indígena argentina, líder de la organización barrial Túpac Amaru. Desde el 10 de Diciembre de 2013 se desempeñó como diputada provincial en la Legislatura por el Frente Unidos y Organizados de Jujuy. Renunció en noviembre de 2015, tras haber sido elegida para ocupar una banca en el  Parlasur, por el Frente para La Victoria.

Milagro Sala es reconocida internacionalmente por el trabajo que su organización, la Túpac Amaru, ha realizado en Jujuy:


  • Dos escuelas, dos centros de salud atendidos por 42 médicos, farmacéuticos, bioquímicos y enfermeros. Una farmacia y un laboratorio.
  • El CEMIR (Centro Integral de Rehabilitación  para personas discapacitadas) con atención gratuita y abierta a la comunidad. Una plaza con juegos adaptados. Dos ambulancias de alta complejidad equipadas para el traslado y la atención de pacientes.
  • Seis fábricas (con fondos del Ministerio de Desarrollo Social) que emplean a 600  ex desocupados. Todas ellas venden su producción al público. La Túpac Amaru trabajando como cooperativa de vivienda, construyó, con dinero del Gobierno Nacional para cooperativas de vivienda, un barrio de 1800 casas llamado “El Cantri” en Alto Comedero, a 15 kilómetros del centro  de Jujuy. Todos los barrios tienen pileta de natación, cibercafé, telecabinas, minimercado y polideportivo con canchas de futbol, básquet, hockey y rugby. Producen ellos mismos los bloques de cemento, y las carpinterías metálicas son hechas en el taller metalúrgico, abaratando el costo de las viviendas. Las cooperativas de la Tupac Amaru construyen 200 casas populares en seis meses, mientras que a las constructoras privadas les llevaría dos años o más.
  • A partir de 2003 recibieron planes para la construcción de viviendas de 54 m2, con dos habitaciones, cocina comedor, baño y lavadero. La construcción de las viviendas requirió un 25 % menos de inversión y dio empleo a más personas que si se hubieran realizado por empresas. Desde entonces llevan levantadas 3800 viviendas.
  • La organización tiene una radio experimental, Túpac, autorizada por el COMFER
  • Administran planes de desempleo del Ministerio de Obras Públicas, entre 35.000 y 80.000 al mes. Como cooperativa social realizan por ley provincial de Jujuy el mantenimiento de los edificios públicos y escuelas
Madre Tierra tiene una experiencia de 31 años en tierra, vivienda y hábitat. Sabemos el esfuerzo,  el compromiso y los problemas  que implican llevar a cabo cada uno de este tipo de  proyectos.  Desde ese conocimiento valoramos y admiramos la inmensa obra hecha por la Tupac Amaru , liderada por Milagro Sala y por los demás cooperativistas.

Hasta aquí no hemos dicho nada que cualquier habitante de nuestro País desconozca. O al menos nada que no pueda encontrar en cualquier información oficial o comprobar si viaja a Jujuy.

Milagro está detenida por decisión política.
Milagro es una presa política.
Exigimos su libertad.
Macri y Morales son responsables

viernes, 5 de agosto de 2016


El Foro Oeste, perteneciente al Foro de Organizaciones de Tierra, Infraestructura y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, expresa su posición a la población con respecto al momento que está viviendo el país, a través del siguiente comunicado:

Asistimos en los últimos siete meses, desde la asunción del gobierno del Ing. Mauricio Macri, a un  proceso de pérdida de derechos adquiridos por el sector popular que llega a su máxima expresión, con la transferencia de recursos que se realiza hacia los sectores más concentrados de la economía en perjuicio de los que menos tienen y también de la clase media y que se termina de manifestar con los tarifazos.

En tres meses subió de manera espectacular la luz, el gas, el agua, los teléfonos celulares, el combustible y el transporte. Hay que tener en cuenta que muchas familias son dependientes de la luz para calefaccionarse también y se nota un incremento en las enfermedades respiratorias, sobre todo de los chicos y los mayores.

A este esquema debemos sumar los despidos que se producen día a día, las dificultades que comienzan a experimentar las Pymes, las paritarias que no llegan a empatar la inflación que se dio producto de la devaluación y la suba de los precios de los alimentos que ronda entre el 40% (la carne) y el 100% (la leche).

Todo este conjunto de medidas tomadas por el actual gobierno, afecta los ingresos de los sectores populares.

Adentro de los barrios, se nota la pérdida de poder adquisitivo: la garrafa de gas pasó de valer $ 112  a $ 200, los planes sociales que siguen vigentes no alcanzan. Se frenó la obra pública por lo tanto a nuestros gasistas, electricistas, herreros, etc, no los llama nadie. Se acabaron los  trabajos de pintura, de limpieza de parques, de los pequeños arreglos que hace la clase media y que sirven para que los sectores populares puedan arrimar un peso a sus casas.  Muchas familias de clase media han suspendido al personal doméstico. Se han terminado las changas.

Vemos asombrados como algunos dirigentes sociales, luego de salir de reuniones con los nuevos funcionarios, contentos anuncian que se han conseguido 600 nuevos comedores para el conurbano. Ya lo hemos vivido: los comedores sirven para alimentar a las familias pero destruyen la posibilidad de que la familia se reúna, y la desintegran.

En materia de hábitat, la no implementación de la ley 14.449  de Acceso justo al Hábitat en su integralidad,  una marcada política para retirar los programas que se basaban en subsidios y transformarlos en créditos, de alguna manera dejan sin efecto los buenos resultados que las políticas públicas de programas como el mejor vivir, microcréditos y Procrear habían demostrado.

Causa gran preocupación el desmantelamiento del sistema de escrituración social que funcionaba en la Escribanía General de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, que garantizaba el derecho gratuito a que cada familia tuviera su escritura. Los dos problemas mayores todavía están sin solucionar: a) el precio del suelo y b) la falta de crédito para la actividad.   

Por todos estos motivos, hacemos un llamado a las autoridades y exigimos que se cambien las políticas públicas, porque lo que estamos discutiendo es qué modelo de país queremos, si avalamos un país para unos pocos, con grandes empresas cada vez más ricas o un país donde todos  puedan estar incluidos y vivir un poco mejor.

                                                                                                                Foro Oeste del FOTIVBA

miércoles, 6 de julio de 2016

Urbanización Barrio Rodrigo Bueno: el gobierno porteño hará una propuesta en 45 días

El martes 5 de julio se hizo una audiencia en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires donde se debatieron los planes vinculados a la urbanización del barrio Rodrigo Buenos, ubicado en Puerto Madero. Los delegados del barrio hablaron en la audiencia ante los jueces y el gobierno de la Ciudad se comprometió a realizar una propuesta en 45 días aunque no dieron detalles. El 29 de agosto habrá una nueva audiencia.

Otro de los temas de los que se habló fue la posibilidad de conformar una mesa de trabajo, integrada por los vecinos, el Ministerio Público de la Defensa, el Gobierno porteño y la Asesoría Tutelar de Menores con el objetivo de ver cómo se va a discutir la eventual propuesta que se haga. Esta fue la primera vez que los vecinos del barrio pudieron ser escuchados por los jueces del superior tribunal de la ciudad luego de que en febrero pasado rechazara un pedido de audiencia de los vecinos.

“Aunque el Gobierno de la Ciudad no explicitó en qué consistirá la propuesta que está pensando, es la primera vez, a diferencia de lo que sucedió todos estos años, que se compromete a realizar un ofrecimiento para el futuro del barrio”, dijo el  defensor General porteño, Horacio Corti quien también destacó la importancia de que los vecinos lleven su reclamo ante el máximo tribunal de la Ciudad. “Algunos de los miembros del TSJ evaluarán la posibilidad de acercarse al barrio para conocer la problemática en primera persona”, dijo.
 
El periplo judicial  inició después de dos decretos, uno en 1998 que decía que la zona era una reserva ecológica aunque se olvidaba que había gente viviendo ahí desde hacía siete años, y otro que en 2005 ordenaba el desalojo de los pobladores. En 2011 hubo un fallo favorable de la justicia pero luego fue luego apelado por el gobierno porteño y en 2014, llegaría otro fallo, esta vez de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en contra de los pobladores. El expediente está hoy en manos del  Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad.

Video de Corti hablando sobre la audiencia:


 
 
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Gustavo Ahumada (Colaborador de Madre Tierra)

lunes, 6 de junio de 2016


Ni una menos - Vivas nos queremos

El 3 de junio marchamos por segundo año consecutivo: las consignas #NiUnaMenos y #VivasNosQueremos movilizaron a miles de personas contra la violencia machista. Hizo y hace falta salir a la calle para decir: BASTA de FEMICIDIOS; sólo en los primeros 100 días de este año hubo 66 nuevas víctimas. Todas personas que desaparecen de su entorno familiar y afectivo por decisión y responsabilidad de alguien que dijo amarlas, pero que de todos modos las celó, las humilló, las agredió; que juró por sus hijo/as cambiar; que dijo que nunca más.
Salir a la calle es decir y decirnos que hacen falta cambios culturales que hagan de las relaciones interpersonales vínculos basados en la confianza y no en el control. Es decirnos que el cuerpo de las mujeres no es un territorio a conquistar y colonizar. Es decirnos que las violencias contra las mujeres atentan contra los derechos humanos.
Es también decirle al Estado que actúe; que estos delitos, que se producen en el ámbito privado, son públicos. Es reclamar por un Estado presente, que garantice en sus tres poderes la vida e integridad de cada una de nosotras: el Poder Judicial atendiendo a las víctimas cuando denuncian y piden ayuda; el Poder Legislativo ampliando la base de herramientas legales de protección, y el Poder Ejecutivo destinando recursos y aplicando políticas públicas que reparen y atiendan la situación de las mujeres que vivimos esta realidad.
Tenemos que comprender que la base del problema es el patriarcado, que desde la conformación de las sociedades modernas ha jerarquizado el rol masculino como ciudadano, y le ha otorgado el poder tanto en el ámbito público como en el privado.
El desafío es que las instituciones adquieran perspectiva de género, y que las acciones que generan no sumen a esta desigualdad entre los géneros que se da desde lo material hasta lo simbólico.

Por todo eso Madre Tierra estuvo presente. Creemos necesario ser parte activa de esta sociedad que busca la justicia para sus víctimas, y que desea protección y buena vida para todas. Decimos #Basta de Violencia. #Habitar nuestro cuerpo, nuestra casa, nuestra comunidad SIN VIOLENCIA. #NiUnaMenos. #VivasNosQueremos

Fuente de la imagen: mujerescreando.org


miércoles, 30 de marzo de 2016


El rol de las Organizaciones Sociales en el desarrollo de políticas de hábitat


 Desde Madre Tierra apoyamos toda medida que apunte a fortalecer los gobiernos locales. En este sentido creemos que los municipios tienen un rol central en las políticas de vivienda y gestión de territorio. Paralelamente creemos que la comunidad también tiene un rol clave en el desarrollo de dichas políticas y su participación protagónica, organizada y con metodologías adecuadas asegura acciones acertadas, experiencias exitosas de gran calidad y bajo costo y sobre todo garantiza el acceso a derechos.

Madre Tierra en sus 30 años ha desarrollado diversos proyectos de hábitat, con recursos de programas gubernamentales nacionales, provinciales y municipales, así como también con recursos de organizaciones y gobiernos europeos. Los proyectos se han ejecutado en tiempo y forma, realizándose además las rendiciones de cuenta y auditorías correspondientes. Como Madre Tierra, hay muchas otras instituciones intermedias que llevan adelante una tarea complementaria a la de los gobiernos locales de manera honesta, eficiente y con resultados cualitativos para la población más urgida.

Desde el ámbito gubernamental, las políticas habitacionales generalmente son ejecutadas a través de empresas constructoras, quienes son seleccionadas en la mayoría de los casos a través de licitaciones. Estos procesos no son un reaseguro para que las empresas realicen el trabajo de manera honesta, eficiente y a bajo costo. La experiencia dice que muchas obras realizadas por empresas constructoras no tienen la buena calidad que sí tienen las realizadas por organizaciones sociales. Muchos proyectos de construcción de viviendas desarrollados a través de empresas constructoras no han sido finalizados y están sospechadas de malversación de fondos y sobreprecios. Pero por sobre todas las cosas, estos procesos no involucran a la comunidad en la toma de decisiones, siendo insatisfactorios los resultados de los programas con respecto a las necesidades sentidas. Por este motivo, consideramos que “eliminar la intermediación de las organizaciones sociales en la construcción de viviendas” no garantiza evitar hechos de corrupción, sí por el contrario las auditorias y controles pertinentes del Estado en la gestión de fondos, ya sea de organizaciones sociales como de empresas privadas. Además, a través de la implementación de esta medida, el gobierno nacional encontraría un obstáculo legal, en el caso de la Provincia de Buenos Aires, ya que la ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat plantea entre sus principios la Gestión Democrática de la Ciudad a través de la participación protagónica de las organizaciones civiles en el desarrollo de políticas de hábitat y vivienda.

Esta drástica medida parecería motivada por las sospechas de corrupción que afronta la organización Túpac Amaru, y que aún no han sido comprobadas ante la justicia (sin embargo su dirigente más reconocida, Milagro Sala, continúa encarcelada). Según relata la nota la Fundación María de los Ángeles también estaría bajo sospecha de corrupción por el gobierno nacional, cargos  que también aun deben ser probados. Esperamos no estar frente al inicio de una “caza de brujas” sobre las organizaciones sociales, ni ante una excusa para dejar de apoyar procesos que ponen en práctica los principios promulgados por el Papa Francisco bajo el término de “Tierra, Techo y Trabajo”, que son llevados adelante por organizaciones y movimientos sociales.

Asociación Civil Madre Tierra
30/3/2016

miércoles, 13 de enero de 2016

A un mes del nuevo gobierno del Pte Mauricio Mácrí compartimos nuestro análisis y toma de posición.
Madre Tierra - Enero de 2016

Nuestro país ha comenzado a atravesar cambios muy profundos. Desde Madre Tierra los contemplamos con preocupación, motivo por el cual compartimos con Uds. este breve análisis.

A nivel de contexto regional observamos en varios países de Latinoamérica la presencia de  modelos políticos  de corte conservador-liberal. Así, salvo los gobiernos de Bolivia y en menor medida Ecuador, que siguen de alguna forma sosteniendo de avances en políticas de Derechos Humanos (y su implementación con medidas concretas) para lograr igualdad de oportunidades en el conjunto de la sociedad, en el resto de la región se registra un marcado retroceso.

En Argentina se realiza por primera vez, en noviembre de 2015, una elección presidencial a través del sistema de ballotage, entre las dos primeras minorías que no habían alcanzado los guarismos necesarios para imponerse en primera vuelta. La elección fue muy reñida: 51,2% para el ganador y 48,8 para el otro candidato, (hasta el momento oficialismo).

La alianza “Cambiemos” se impuso a nivel nacional, así como también en diferentes provincias, (entre ellas la Pcia de Bs As), y en un importante número de municipios. La misma contó con el apoyo expreso de sectores empresariales y del poder de los medios de comunicación concentrados. Mauricio Macri fue elegido como presidente de la Nación, y María Eugenia Vidal como gobernadora de la Provincia de Buenos Aires. Ambos gobernantes han conformado gabinetes ministeriales en los que designaron en puestos estratégicos a referentes de corporaciones empresariales.

Analizando las medidas de gobierno tomadas durante el primer mes de gestión observamos con preocupación que varias de ellas van en detrimento de las familias más humildes, ya que podrían dificultar su acceso a derechos y beneficios asegurados en los últimos años a través de diferentes políticas y programas.
A nivel institucional, en poco más de un mes, el nuevo presidente  dictó una serie de decretos  que permiten vislumbrar las nuevas políticas, violando algunos de ellos  leyes e instituciones de nuestro país, ya que las medidas tomadas hubieran exigido la intervención del Congreso nacional.
 Entre ellos se encuentra el nombramiento de 2 Jueces de la Corte Suprema de Justicia (en nuestro país, los miembros del máximo Tribunal de la Nación son elegidos por el Presidente y el Senado); por presión de la comunidad ha debido suspenderse el juramento de ambos jueces momentáneamente, e iniciar el recorrido estipulado por la ley para la presentación de las postulaciones.
Otro decreto modificó las leyes de medios y telecomunicaciones, haciendo desaparecer la AFSCA[1] y la AFTIC[2]: ya no habrá topes a la cantidad de ciudades en las que pueden operar las empresas de cable, y se eliminan las restricciones a la propiedad cruzada de televisión por cable, radio y TV abierta. Esto pone en riesgo la subsistencia de medios de comunicación locales, comunitarios y cooperativos, atentando además contra la libertad de expresión, e impidiendo que la ciudadanía pueda escuchar multiplicidad de voces y opiniones.

Como efecto de las primeras medidas económicas se ve una concentración del ingreso en determinados sectores, una disminución del poder adquisitivo de un vasto sector de la sociedad y una caída del consumo. Se ha realizado un rotundo giro hacia políticas económicas ortodoxas de corte liberal, luego de más de una década de heterodoxia.
Se produce una devaluación de la moneda nacional del 40%, pasando el dólar de valer $ 9,50, a $ 14,00 promedio. Simultáneamente, se quitan las retenciones al trigo, maíz y todos los productos del agro, y se reducen un 10% las retenciones a la soja, produciéndose una enorme transferencia de recursos del sector público a los sectores agropecuarios concentrados de la economía.
En los primeros días de gobierno el Estado nacional ha aumentado el endeudamiento externo, lo que implicará un aumento sustancial en la carga de intereses en el Presupuesto Nacional, que será seguramente subsanada con el llamado “achicamiento” del Estado, el recorte de las políticas sociales y el ajuste sobre los sectores trabajadores.
Al mismo tiempo se registra un fuerte aumento de precio en los productos de la canasta básica, y el programa de “precios cuidados” (una lista de 500 productos de consumo indispensable) se ve reducido a 300 productos, los que a su vez sufren aumentos, y se retiran de la lista carne y vegetales.
Se ha anunciado el retiro del sistema de subsidios a las tarifas de servicios de gas y luz, y al mismo tiempo el aumento de las mismas.
El Ministro de Hacienda ha anunciado que, de no cerrar las paritarias con aumentos que orillen el 25% se producirán despidos (en tanto que la devaluación fue cercana al 40%), poniendo en riesgo la existencia de paritarias libres, institución que en estos años el poder defendió el salario de los trabajadores y mantuvo el poder adquisitivo de la población.
Se levantan las trabas a las importaciones, poniendo en riesgo la recientemente fortalecida industria nacional.

En el caso de que se pusiera fin  a  programas tenidos por la población como derechos adquiridos por más de 10 años, esto implicaría, además del perjuicio de dar marcha atrás con los beneficios que conllevan la aplicación de dichos programas, el despido de decenas de miles de empleados del Estado en diferentes estamentos  (nacional, provincial,  municipal y entes descentralizados).

Se está produciendo una unificación del discurso de los medios de comunicación en una nueva forma de “pensamiento único”, técnico y despolitizado. Se está planteando una aparente concordancia sin conflictos sociales, que implica que quien disiente es un “agitador” y no una persona que reclama por sus derechos. Han dejado de emitirse la mayor parte de los programas de radio y televisión que proponían un punto de vista distinto al neoliberalismo.

En pocos días asistimos azorados a la represión de movilizaciones y protestas que estallan espontáneamente para defender los puestos de trabajo.
En la Ciudad de Buenos Aires será necesario exponer el Documento Nacional de Identidad cuando así lo solicite la Policía sin motivo previo alguno, pudiendo ser demorada aquella persona que no lo haga, medida que nos remite a los años de la dictadura militar ejerciendo violencia institucional .  En este mismo sentido se ha decretado la emergencia en seguridad a nivel nacional y el armado de un protocolo que regule la protesta social, alertándonos sobre posibles medidas represivas ante el conflicto social que irá en aumento en los próximos meses.
Gran parte de la población se manifiesta en contra de las medidas implementadas, y día por medio hay movilizaciones que las repudian; con un alto nivel de conciencia se convoca, (en muchos casos vía redes sociales), a marchas y actos de repudio. En ellas se exige la continuidad de las políticas de derechos humanos, sociales, laborales y culturales, la convocatoria a sesiones extraordinarias del congreso, la libertad de expresión y de circulación de información.

La nueva tasa cambiaria será favorable para el desarrollo de proyectos inmobiliarios de “alta gama” como los “countries” y los “barrios cerrados”, generando una mayor rentabilidad; al mismo tiempo  significará un aumento de los precios del suelo, dificultando así el acceso a un lugar donde vivir a un gran sector de la población.

En este contexto, Madre Tierra considera que el presente gobierno nacional está claramente identificado con las ideas neoliberales o neo conservadoras, cuyas consecuencias negativas para el pueblo trabajador y en particular para los más pobres ya han sido demostradas y comprobadas en la década del 90 en nuestro país.
Vemos con preocupación el giro que han tomado las políticas públicas en todos los órdenes, iniciándose un proceso de reformas estructurales  que implicarán una concentración de la riqueza en determinados sectores minoritarios, un aumento de la población en situación de pobreza y una perdida en el acceso a derechos. Las políticas que se intenta implementar solo podrán ser sostenidas a través de la desinformación y la represión social.
Hubiera sido deseable que la nueva gestión de gobierno reconociera los avances en materia de derechos de la última década y que, partiendo de ese piso, se abocara a profundizar  y a mejorar los aspectos que quedaron pendientes. Las señales dadas hasta el momento van en la dirección contraria.
Renovamos nuestro compromiso con la construcción de una Patria democrática y socialmente justa, que defienda su soberanía política y construya junto al pueblo trabajador la independencia económica. Cotidianamente seguiremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para acompañar a las organizaciones populares en su lucha por el derecho a la tierra y a la vivienda.





[1] Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA). Organismo descentralizado y autárquico creado a partir del artículo 10 de la Ley Nº 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.
[2] Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC). Organismo plural y democrático creado por la Ley 27.078 “Argentina Digital”. Asegura  el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en todo el país.